La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue especialmente elegida para alojar una nueva instancia de audiencia pública en la causa judicial por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde integrantes de distintos organismos públicos expusieron sobre los avances alcanzados en la materia, siguiendo el fallo dictado por la Corte Suprema para sanear el cauce hídrico y sus inmediaciones, una demanda histórica.
Esta fue la primera vez que una Universidad pública servía para un encuentro de esta naturaleza.
Convocada por el encargado del Juzgado Federal de Morón, Jorge Rodríguez, la audiencia tuvo el propósito de evaluar el estado actual de las demandas por la emblemática "causa Mendoza" y notificar, además, los objetivos trazados para este 2015. Allí hablaron, por caso, el titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Marcelo Cufré, el secretario de Salud Comunitaria de la Nación, Nicolás Kreplak, y dos representantes de la empresa AySA, Fernando Calatroni y Laura Bacha.
La reunión también ofreció la disertación de José Luis Enríquez, representante de la ACUMAR por la provincia, Silvia Lospennato, delegada de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Ejecutivo del entre, y Juan Carlos Villalonga, a cargo de la Agencia de Protección Ambiental porteña. También sobresalió la presencia del Presidente Ejecutivo de ACUMAR, Jorge Calzoni, más personalidades de diferentes organismos públicos, incluyendo la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Vivienda.
"Son 200 años de contaminación, pero desde 2008, con el mandato de la Corte, tenemos que saldar esta deuda. Aunque nos falta mucho para los más necesitados, trabajamos juntos para cumplir con el programa lo más rápido posible", manifestó el juez moronense Jorge Rodríguez, acompañado por el fiscal federal Hernán García.
"Reconozco el trabajo y el esfuerzo, pero los invito a seguir trabajando. Hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando", concluyó el magistrado.
Cabe recordar que la ACUMAR es un organismo público que tiene máxima autoridad en materia ambiental para la región comprendida en su nombre, donde habitan más de 3 millones de personas en total. Es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional que, en líneas generales, conjuga el trabajo conjunto de tres Gobiernos, es decir, el nacional, bonaerense y capitalino.
El organismo, en tanto, fue creado en 2006 mediante la Ley 26.618 frente a la preocupante situación en la zona, mientras que el máximo órgano judicial del país avanzó con una intimación para que implementara un plan de saneamiento en respuesta a la aludida "causa Mendoza", un reclamo originalmente presentado por un grupo de vecinos en el año 2004. Desde entonces, y con distintos niveles de éxito, ACUMAR articula políticas comunes y coordina los esfuerzos de los tres niveles de gestión para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
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